Caso Jenss Lara: diez detenidos afrontan la audiencia de prisión preventiva mientras la Fiscalía intenta reconstruir una operación criminal planificada durante varios días

El secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban han dado lugar a una investigación preparatoria contra trece personas por organización criminal. El expediente judicial permite hacer una precisión que se pierde con facilidad entre las cifras difundidas públicamente: la Fiscalía pidió prisión preventiva contra doce (12) investigados, pero la audiencia urgente comenzó únicamente respecto de nueve detenidos; después de la captura de Joyce Renato Bereche Maco en Yurimaguas, son diez los investigados cuya situación se debate conjuntamente. Óscar Daniel Cruz Basilio y Juan Carlos Llenque Azabache permanecen comprendidos en el requerimiento de prisión preventiva, pero no integran por ahora esta audiencia urgente al no encontrarse detenidos. Respecto de Juan Manuel Bocanegra Enríquez, la Fiscalía requirió comparecencia con restricciones y no prisión preventiva.

El caso del empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla ha dejado de ser únicamente la investigación de un secuestro seguido de un cuádruple asesinato. Lo que viene exponiendo el Ministerio Público desde el 15 de septiembre de 2026 es una hipótesis mucho más extensa: una operación presuntamente diseñada durante varios días, con vigilancia previa, inmuebles utilizados para planificación y cautiverio, vehículos que aparecen sucesivamente en cámaras de seguridad, comunicaciones entre investigados, personas con distintas funciones y hasta un dron que habría seguido a la víctima prácticamente en tiempo real.

El proceso se encuentra todavía en una etapa inicial. La Fiscalía está exponiendo su teoría y los elementos con los que busca sustentar una medida cautelar particularmente intensa: 36 meses de prisión preventiva. Ninguna de esas atribuciones constituye todavía una declaración de responsabilidad penal. Corresponde al Poder Judicial determinar, individualmente, si los elementos presentados alcanzan el estándar necesario para imponer esa medida a cada investigado.

La audiencia no avanza con la velocidad inicialmente prevista. El 15 de septiembre fue suspendida (después de 4 horas) porque el juez advirtió problemas en la organización de los 17 tomos o archivos remitidos por Fiscalía. El 16 de septiembre, cuando debía retomarse la presentación de los elementos de convicción, apareció una nueva circunstancia: la captura en Yurimaguas de Joyce Renato Bereche Maco, investigado comprendido en el mismo pedido de prisión preventiva. El juzgado decidió incorporarlo al debate y reprogramó nuevamente la audiencia para este jueves 17 de septiembre de 2026.

Hechos

La madrugada del 30 de agosto de 2026, Jenss Lara se desplazaba por Trujillo acompañado de otras cuatro personas. Al llegar al sector de Húsares de Junín con Isabel de Bobadilla, su vehículo fue interceptado por sujetos que, según las imágenes y la reconstrucción fiscal, aparentaban realizar una intervención policial.

Lara fue privado de su libertad. Sus cuatro acompañantes fueron asesinados.

Los agraviados fallecidos identificados en el expediente son Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo Rafael García Álvarez. En el proceso, Jenss Marty Lara Tantaquilla aparece como agraviado por el delito de secuestro extorsivo; las cuatro personas fallecidas son agraviadas por la imputación de homicidio calificado atribuida específicamente a Frank Junior Quezada Cruz. También figura como agraviada el Estado, representada por la procuraduría pública especializada contra el crimen organizado y la procuraduría publica del ministerio del interior.

Lara recuperó posteriormente su libertad en Huanchaco. Sobre las condiciones exactas de su liberación y la eventual existencia de un pago han circulado versiones distintas.

Sobre los trece investigados

La resolución de formalización es especialmente importante para ordenar la información.

La Fiscalía formalizó investigación contra trece personas por organización criminal:

Jhonsson Smit Cruz Torres (detenido);
Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez (detenido);
Julio Zavaleta Quezada (detenido);
Frank Junior Quezada Cruz (detenido);
César Iván García Rivera (detenido);
Ángel Fabricio Bocanegra Linares (detenido);
José Miguel Cérrepe Dávila (detenido);
Roy Peter Bocanegra Aguilar (detenido);
Roy Stiven Bocanegra Marreros (detenido);
Joyce Renato Bereche Maco (detenido);
Óscar Daniel Cruz Basilio (No aparece detenido al cierre de esta revisión. No integra todavía el debate urgente);
Juan Carlos Llenque Azabache (No aparece detenido al cierre de esta revisión. No integra todavía el debate urgente); y,
Juan Manuel Bocanegra Enríquez (Comparecencia con restricciones)

Doce de ellos — todos salvo Juan Manuel Bocanegra Enríquez — son además investigados por secuestro extorsivo en agravio de Jenss Lara. Frank Quezada afronta adicionalmente la imputación por homicidio calificado de los cuatro acompañantes; Julio Zavaleta, Ángel Bocanegra Linares y César García Rivera son investigados por tenencia ilegal de municiones, y Frank Quezada también por tenencia ilegal de explosivos.

Entonces, la Fiscalía requirió prisión preventiva contra doce personas y comparecencia con restricciones respecto de Juan Manuel Bocanegra Enríquez.

Ahora son diez (10) detenidos los que comparecerán conjuntamente en la audiencia de prisión preventiva. Los otros dos investigados contra quienes también existe requerimiento de prisión preventiva —Óscar Cruz Basilio y Juan Carlos Llenque— permanecen prófugos; en particular, Óscar Cruz Basilio sería buscado en el extranjero.

Juan Manuel Bocanegra se encuentra en un escenario distinto. Aunque está formalmente investigado por organización criminal, la propia Fiscalía decidió no pedir prisión preventiva contra él y solicitó comparecencia con restricciones. El 15 de septiembre salió de la dependencia policial después de cumplir el periodo de detención preliminar.

Esta distinción es indispensable: estar investigado, tener un requerimiento de prisión preventiva y encontrarse detenido son tres situaciones procesales diferentes.

La Fiscalía no presenta lo ocurrido el 30 de agosto como la acción espontánea de un grupo que decidió secuestrar a una persona aquella madrugada, el planteamiento es el de una estructura organizada con diferentes niveles de intervención. Según lo expuesto en la primera audiencia, el Ministerio Público coloca a Jhonsson Smit Cruz Torres en la cabeza de la estructura investigada. A Óscar Daniel Cruz Basilio le atribuye una posición cercana de coordinación o lugartenencia y a Gabriel Mendocilla Gómez lo presenta como una persona del círculo de confianza de Cruz Torres.

Por debajo aparecerían personas con funciones diferenciadas: logística, reclutamiento, conducción de vehículos, ejecución armada, coordinación, vigilancia de la víctima y custodia durante el cautiverio.

La fiscal llegó a presentar un organigrama. Allí ubicó a José Miguel Cérrepe como logístico; a Frank Quezada dentro del grupo señalado como ejecutores o “gatilleros”; a Ángel Bocanegra, César García y Roy Peter Bocanegra dentro de quienes habrían cumplido labores vinculadas al transporte; a Julio Zavaleta como reclutador y a Roy Stiven Bocanegra en tareas de coordinación.

El Ministerio Público incluso sostiene que el universo de personas implicadas podría ser mayor que los trece formalizados. Andina informó, a partir de la exposición fiscal, que al menos veinte personas habrían cumplido distintas funciones, incluyendo sujetos aún no identificados, dos mujeres denominadas “pinteras” y personas encargadas del cuidado de Lara durante el secuestro.

El dron: la imagen que más ha impactado durante la audiencia

Entre los elementos de convicción presentados, probablemente ninguno ha generado tanta atención como el video captado desde un dron.

La Fiscalía sostuvo que el aparato habría seguido a Jenss Lara y a sus acompañantes desde las inmediaciones de la discoteca y durante su desplazamiento hasta el sector donde finalmente se produjo la interceptación.

Durante la audiencia se proyectaron imágenes aéreas en las que la Fiscalía identifica el vehículo de Lara, observa personas que se desplazan en sus inmediaciones y posteriormente relaciona el recorrido con una Toyota Hilux blanca. El propio Ministerio Público sostuvo que la toma permitía realizar acercamientos y mantener vigilancia prácticamente continua sobre la víctima.

Un dato especialmente relevante es que, según Fiscalía, el archivo fue hallado en el teléfono de Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez. El Comercio informó también que el registro audiovisual fue extraído de ese equipo.

Para el Ministerio Público, la existencia del video reforzaría la tesis de que el secuestro no fue improvisado: existiría una fase previa de reglaje y seguimiento de la víctima.

Sin embargo, aun si el video acredita que existió vigilancia, queda pendiente una cuestión distinta: determinar quién operaba el dron, quién recibía las imágenes, quién impartía instrucciones y de qué forma cada uno de los investigados puede ser vinculado con esa operación.

Una casa de Airbnb como centro de planificación

La investigación reconstruye también lo ocurrido durante los días anteriores, la Fiscalía identificó una vivienda ubicada en Moche y alquilada a través de Airbnb (alojamiento temporal con viajeros) entre el 26 y el 31 de agosto. Según la exposición, el usuario que realizó la reserva habría utilizado el nombre “Andrés” y la noche del 26 habrían llegado seis personas —cuatro hombres y dos mujeres— en una camioneta negra.

De acuerdo a la visualización de las cámaras de esa vivienda, durante los días siguientes aparecen diversos vehículos. Entre ellos una Toyota Hilux blanca y un Nissan negro con placa H2O-343, registrado a nombre de Ángel Fabricio Bocanegra Linares.

La Fiscalía sostiene además que las imágenes permitieron identificar la placa original de la Hilux como BSJ-899, mientras que el día del secuestro habría circulado con otra placa.

El valor que la Fiscalía pretende atribuir a esas imágenes surge de la secuencia: no se trataría simplemente de encontrar un automóvil en una cámara, sino de reconstruir movimientos sucesivos entre el 26 y el 30 de agosto, conectando vivienda, reuniones, vehículos y finalmente el escenario del secuestro.

El desplazamiento de los vehículos

En la audiencia, Fiscalía expuso grabaciones de otros puntos de Trujillo y señaló movimientos de distintos vehículos en un grifo Primax y otras zonas durante los días previos.

En uno de esos registros aparece un vehículo Suzuki que Fiscalía vincula con Roy Peter Bocanegra Aguilar. La exposición busca así establecer una relación entre varios vehículos y personas presuntamente reunidas en determinados puntos antes del ataque.

La importancia probatoria de todo este recorrido dependerá precisamente de aquello que el juez viene exigiendo durante la audiencia: que las imágenes no sean presentadas únicamente como una gran reconstrucción general, sino que permitan establecer qué dato conecta a qué persona.

El lugar de cautiverio y las “pruebas de vida”

La Fiscalía ha señalado una vivienda ubicada en la urbanización Los Rosales de San Isidro como uno de los escenarios relevantes. También ha mencionado otros lugares donde posteriormente se encontraron prendas, objetos relacionados con los participantes y un arma que habría sido empleada en los hechos, se describe que el ambiente de cautiverio como un espacio especialmente acondicionado, con medidas destinadas a dificultar la salida de la víctima.

Otro elemento particularmente sensible son los videos que habrían sido enviados a la familia como “pruebas de vida” durante las negociaciones.

Esos registros fueron expuestos por Fiscalía en la audiencia. Lara aparece privado de libertad y sometido a exigencias económicas, según la versión presentada por el Ministerio Público.

La discusión sobre si existió finalmente un pago, cuánto habría sido y quién habría negociado deberá ser esclarecida separadamente. La Fiscalía ubica a Juan Carlos Llenque Azabache dentro de esa fase de la operación y le atribuye un papel en la negociación con la familia.

Llenque, sin embargo, no se encuentra entre los detenidos cuya prisión preventiva se está debatiendo actualmente.

Joyce Renato Bereche Maco: la captura que modificó la audiencia

La segunda jornada, prevista para el 16 de septiembre, debía servir para continuar la exposición de los elementos que había quedado inconclusa la tarde anterior.

Al iniciarse la diligencia, el abogado informó que familiares de Joyce Renato Bereche Maco se habían comunicado con él y preguntó por su situación.

La Fiscalía informó entonces que Bereche acababa de ser detenido.

El juez revisó el sistema y comprobó que existía una detención preliminar judicial por quince días, expedida el 13 de septiembre por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. La medida, por tanto, provenía de otro juzgado y no del despacho que estaba conduciendo la audiencia de prisión preventiva.

Posteriormente, Fiscalía confirmó mediante comunicación oficial que la detención había ocurrido en Yurimaguas y pidió su inmediata incorporación al debate, porque Bereche ya figuraba entre las personas contra quienes se había solicitado prisión preventiva.

La captura también fue reportada públicamente. Diarios informaron que la Fiscalía considera a Bereche un presunto operador logístico y lo vincula con la camioneta utilizada en el ataque y con el inmueble donde Lara habría permanecido secuestrado.

¿Por qué el juez decidió incorporarlo a la audiencia?

Bereche estaba comprendido desde el inicio en la investigación y en el requerimiento de prisión preventiva. Lo único que había impedido que su situación se examinara junto con los otros nueve era que no estaba detenido.

Cuando esa condición cambió, el juez consideró innecesario abrir un segundo debate paralelo. El magistrado explicó que realizar una audiencia para nueve personas y otra, simultáneamente, para Bereche generaría dificultades prácticas y podría producir evaluaciones separadas de un mismo requerimiento. Por ello resolvió acumular su situación al debate que ya había comenzado.

Pero la incorporación no podía hacerse desconociendo su derecho de defensa.

Su abogado solicitó entrevistarse previamente con él, conocer la documentación y preparar la contradicción. Además, Bereche todavía se encontraba bajo traslado y no había sido materialmente puesto a disposición del juzgado.

Por ello, el juez resolvió declarar frustrada la continuación de la audiencia del 16 de septiembre, incorporar formalmente a Bereche y ordenar que se le notificara el requerimiento de prisión preventiva, sus integraciones, adiciones y subsanaciones.

El pedido es de 36 meses

La Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación y el proceso.

La prisión preventiva no decide culpabilidad. Es una medida cautelar. Por eso, incluso frente a hechos de extrema gravedad, el juez debe realizar una evaluación individual respecto de cada persona.

El 17 de septiembre: la tercera jornada comienza con Bereche

La audiencia programada para este jueves 17 de septiembre de 2026 tendrá una dinámica particular.

Primero deberá desarrollarse desde el inicio la exposición fiscal correspondiente a Joyce Renato Bereche Maco: imputación, papel que supuestamente habría cumplido y elementos de convicción que lo conectarían con el secuestro.

El propio juez ordenó que, terminada esa exposición, Fiscalía continúe con los graves y fundados elementos de convicción respecto de todos los investigados detenidos.

Por tanto, la audiencia llega a su tercera jornada con diez investigados detenidos: Jhonsson Cruz, Gabriel Mendocilla, Julio Zavaleta, Frank Quezada, César García, Ángel Bocanegra, José Cérrepe, Roy Peter Bocanegra, Roy Stiven Bocanegra y Joyce Bereche.

Óscar Cruz Basilio y Juan Carlos Llenque continúan comprendidos en el requerimiento fiscal de prisión preventiva, pero su situación no está siendo decidida en esta audiencia urgente mientras no comparezcan en condición que permita instalar el debate correspondiente.

Juan Manuel Bocanegra, por su parte, permanece dentro de la investigación por organización criminal, pero no comprendido en el requerimiento de prisión preventiva que se viene debatiendo, pues Fiscalía solicitó para él comparecencia con restricciones.

Algunos de los elementos de convicción de mayor peso mediático

El video del dron tiene enorme capacidad de impacto. Lo mismo ocurre con las imágenes de los falsos policías, la camioneta Hilux, los explosivos o los videos grabados durante el cautiverio.

Pero una audiencia de prisión preventiva no puede resolverse únicamente por el impacto de esas imágenes, el punto decisivo será la individualización

El propio juez llamó la atención sobre este punto durante la exposición fiscal. Frente a la presentación de numerosos vehículos y personas captadas por cámaras, pidió que la Fiscalía concentrara la exposición en la situación jurídica de las personas concretamente sometidas a la audiencia.

La audiencia no resolverá únicamente si existió una organización, sino quién hizo qué

La Fiscalía parece haber construido una hipótesis general de considerable amplitud: una estructura, un líder, coordinadores, reclutadores, logística, ejecutores armados, conductores, lugares de reunión, espacios de cautiverio, vigilancia previa y negociación posterior.

Ahora comienza una etapa diferente.

El juez debe descender desde ese relato general hasta cada imputado.

La propia investigación ofrece un ejemplo de por qué esa individualización importa. RPP informó que un peritaje antropométrico realizado sobre imágenes del ataque encontró correspondencia respecto de Frank Quezada, mientras que las comparaciones efectuadas respecto de Julio Zavaleta, Ángel Bocanegra, César García y José Cérrepe arrojaron características excluyentes en esas determinadas imágenes. Eso no descarta otras posibles formas de intervención, pero impide asumir automáticamente que todos habrían sido ejecutores materiales del ataque.

Estado del caso al 17 de septiembre de 2026

Hasta la mañana de este jueves, no existe todavía resolución que declare fundada o infundada la prisión preventiva solicitada por Fiscalía.

Lo que existe es una investigación formalizada contra trece personas; un requerimiento de prisión preventiva contra doce de ellas; una comparecencia con restricciones solicitada para Juan Manuel Bocanegra; diez investigados actualmente detenidos e incorporados a la audiencia urgente; y dos personas —Óscar Cruz Basilio y Juan Carlos Llenque Azabache— comprendidas en el pedido de prisión preventiva cuya situación aún no forma parte del debate inmediato por no encontrarse detenidas.

La audiencia continuará a las 2:00 p. m. del 17 de septiembre, según confirmó RPP esta mañana.

Lo que ocurra desde ahora será determinante.

La Fiscalía deberá demostrar que su reconstrucción general puede convertirse en una imputación individual suficientemente sustentada respecto de cada detenido. Las defensas podrán confrontar esa construcción, discutir la interpretación de las comunicaciones, cuestionar las identificaciones, explicar los desplazamientos y presentar elementos de desvinculación.

Y finalmente será el juez quien deberá separar aquello que produce impacto público de aquello que tiene verdadero valor jurídico.

Porque el dato indiscutiblemente grave es que cuatro personas fueron asesinadas y otra fue secuestrada. Pero el proceso penal tiene una segunda tarea igualmente esencial: determinar, con evidencia y respetando la presunción de inocencia, quiénes son responsables y cuál fue realmente la intervención de cada uno.

Ese será el centro del debate que entra hoy en su tercera jornada.

➡︎ Audiencias:

Audiencia Prisión Preventiva (15 de septiembre de 2026)