“No hay nada más práctico que una buena teoría.”

Introducción

En los procesos penales, el primer exceso del poder punitivo no suele aparecer en la pena, sino en la forma en que se atribuye el hecho. Una imputación oscura permite que la investigación avance sin dirección racional, que la acusación ordene sospechas con apariencia técnica y que el debate probatorio termine ocupado por conjeturas, intuiciones o prejuicios; por tanto, allí donde no se sabe con precisión qué conducta se atribuye, qué elemento típico realiza, qué intervención se imputa, qué riesgo se produjo, qué resultado se enlaza o qué dato permite inferir dolo o culpa, el proceso conserva su forma, empero pierde su carácter cognitivo.

A partir de esa práctica, la teoría del delito no puede permanecer como un saber que solo nombra categorías después de que la persecución penal ya eligió su dirección. Si acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, autoría, participación, tentativa, omisión, dolo, culpa, resultado, peligro y bien jurídico se emplean únicamente como vocabulario de cierre, la dogmática deja de operar como filtro de contención y se convierte en lenguaje de legitimación; en esa línea, el derecho penal deja de preguntar por el hecho y comienza a tolerar atribuciones construidas desde perfiles personales, cargos funcionales, vínculos sociales, contextos de sospecha o gravedad del resultado.

Bajo una concepción probatoria orientada a la verdad por correspondencia, la imputación no debería presentarse como una tesis cerrada que solo busca confirmación, sino como una hipótesis fáctica de imputación sometida a corroboración, refutación y contradicción. Ese giro terminológico tiene importancia metodológica, porque la hipótesis conserva la posibilidad de error, exige elementos de juicio, admite hipótesis alternativas y obliga a justificar inferencias; en cambio, la tesis suele operar en la práctica forense como posición ya tomada, defendida por una parte y reforzada con los datos que la favorecen. El proceso penal no necesita relatos seguros de sí mismos, sino hipótesis fácticas suficientemente determinadas para ser contrastadas.

En el plano de la conducta, la pregunta decisiva no puede ser quién es la persona imputada, qué cargo ocupa, con quién se relaciona o qué sospecha produce su contexto, sino qué hizo u omitió en un marco determinado. Esta exigencia separa el derecho penal de acto de toda forma de persecución basada en el ser, la peligrosidad, la pertenencia o la intuición policial; sin conducta atribuible no hay hecho penalmente relevante, sin hecho penalmente relevante no hay tipicidad que analizar, y sin tipicidad formulada mediante proposiciones concretas no existe una base racional para activar el poder punitivo.

A nivel de tipicidad, el tipo penal debe funcionar como matriz de construcción de proposiciones fácticas, no como fórmula que se copia sobre el relato. Cada elemento típico exige una afirmación concreta, cada afirmación concreta requiere una base de corroboración, y cada base de corroboración debe permitir contradicción, control y justificación racional. El verbo rector no se satisface con su reproducción literal; el sujeto activo especial no se agota en el cargo; el medio típico no puede presumirse desde el resultado; la intervención delictiva no se resuelve con llamar autor o cómplice a una persona; la culpa requiere identificar el deber de cuidado infringido y su relación con el resultado; y el dolo no puede descansar en la frase vacía de conocimiento y voluntad, sino en hechos externos que permitan sostener una inferencia racional.

Ante los problemas especiales de la teoría del delito, la exigencia de imputación concreta muestra su verdadero rendimiento. La tentativa obliga a precisar qué acto ingresó al ámbito de ejecución y por qué no quedó en preparación; la comisión por omisión exige justificar la posición de garante, la capacidad concreta de evitación y la equivalencia normativa entre omitir y causar; los delitos especiales demandan algo más que mencionar el cargo, pues debe formularse la relación fáctica que vincula al sujeto con el ámbito de competencia penalmente relevante; y los delitos de peligro, sobre todo cuando se los trata de modo abstracto, deben ser sometidos a una lectura material de lesividad para no degradarse en pura desobediencia criminalizada.

Con esa delimitación, estudiar la teoría del delito desde la imputación concreta no significa procesalizar la dogmática penal ni reemplazar sus categorías por una técnica de redacción. El planteamiento es más exigente, esto es, la teoría del delito conserva su función sustantiva de límite, empero esa función solo puede verificarse cuando sus categorías se convierten en hipótesis fácticas de imputación, esto es, en proposiciones sobre hechos penalmente relevantes, corroborables, refutables y sometidas a contradicción. Una dogmática que no llega al hecho queda suspendida en el concepto; una imputación que no se ordena desde la dogmática queda expuesta al empirismo, al formulismo o a la sospecha formalizada.

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo no pretende reconstruir toda la teoría del delito ni proponer una clasificación adicional. Su propósito es más concreto, someter algunas de sus categorías centrales a una pregunta operativa, esto es, qué debe afirmarse fácticamente para atribuir penalmente una conducta, qué información permite sostener esa afirmación, qué hipótesis alternativas deben descartarse y qué estándar debe superarse para que el enunciado fáctico pueda considerarse probado. En esa pregunta se encuentran, al mismo tiempo, la función limitadora del derecho penal, la racionalidad de la prueba y la posibilidad real de defensa.

Para que la relación entre teoría del delito e imputación concreta mantenga utilidad real, el análisis no puede extenderse con la misma intensidad a todos los problemas de la parte general, pues una revisión simultánea de acción, tipicidad, intervención delictiva, tentativa, omisión, culpa, dolo, bien jurídico, delitos de peligro y demás cuestiones especiales terminaría por diluir el núcleo del planteamiento. Por ello, la propuesta se concentra en aquellos problemas que permiten poner a prueba el rendimiento práctico de la dogmática penal frente al caso, principalmente acción, tipicidad, intervención delictiva, omisión, tentativa, culpa, dolo y delitos de peligro. Estos núcleos no agotan la teoría del delito, empero permiten mostrar, con suficiente fuerza, que sus categorías solo cumplen una función limitadora cuando pueden transformarse en proposiciones fácticas de atribución, sometidas a corroboración, contradicción y control racional.

Desde esa delimitación, la imputación concreta no se asume como una categoría que absorba el sistema dogmático ni como un reemplazo procesal de la teoría del delito. La acción, la tipicidad, la lesividad, la culpabilidad y la intervención delictiva conservan su autonomía sustantiva; empero, esa autonomía pierde rendimiento práctico si no logra proyectarse sobre hechos atribuidos con precisión. En esa línea, la imputación concreta opera como punto de verificación, pues permite controlar si la categoría dogmática fue usada para contener el poder punitivo o si fue convertida en una fórmula de cobertura para formalizar sospechas, suplir vacíos fácticos o legitimar atribuciones construidas desde el resultado, el cargo, la personalidad o el contexto.

La expresión «hipótesis fáctica de imputación» requiere, por tanto, un contenido técnico desde el inicio. No designa una narración libre, una estrategia de litigación ni una posición subjetiva de parte; designa un enunciado sobre hechos penalmente relevantes, construido desde un marco dogmático determinado, sostenido por elementos de corroboración, abierto a refutación y sujeto a un estándar de prueba. Esta precisión permite separar la imputación concreta del simple relato fiscal, del orden narrativo del expediente y de la retórica acusatoria; en esa separación se define si la teoría del delito sirve para contener racionalmente el poder punitivo o solo para entregarle un lenguaje más refinado.

En conclusión, la teoría del delito cumple una función real de contención sólo cuando sus categorías se traducen en hipótesis fácticas de imputación, es decir, en proposiciones sobre hechos penalmente relevantes, corroborables, refutables y sometidas a contradicción; fuera de ese plano, la dogmática corre el riesgo de convertirse en lenguaje técnico al servicio de la expansión punitiva.

Referencias bibliográficas iniciales

Ferrer Beltrán, Jordi. Prueba y verdad en el derecho. Madrid: Marcial Pons, 2005.

Ferrer Beltrán, Jordi. La valoración racional de la prueba. Madrid: Marcial Pons, 2007.

Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; y Slokar, Alejandro. Derecho penal. Parte general. Tomo I. Tercera edición ampliada y actualizada. Buenos Aires: Ediar, 2025.

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Tomado de: Mendoza, Celis. (s. f.). Teoría del delito e imputación concreta: la hipótesis fáctica como límite del poder punitivo. Google Docs. https://docs.google.com/document/d/1ZkqA4RqAYYqR7BEoZgn1ju1ILnIb2PkL/edit