Criminalización en el Corredor Minero del Sur

En los últimos 20 años, las comunidades campesinas denunciaron contaminación ambiental y exigen el cumplimiento de acuerdos con el Estado y las empresas mineras. La respuesta de ambos sectores ha sido la represión.

El Corredor Minero atraviesa en el departamento de Cusco principalmente por los territorios de las provincias de Chumbivilcas y Espinar. Es utilizado para el transporte minero de los proyectos de las mineras MMG Las Bambas, Hudbay, Antapaccay y otras.

En los últimos 20 años, las comunidades campesinas denunciaron contaminación ambiental y exigen el cumplimiento de acuerdos entre los cuales está la mitigación de impactos ambientales. La actividad extractiva de recursos naturales ha modificado sustancialmente las relaciones de convivencia, teniendo varios actores en el escenario: comunidad campesina, empresa minera, Gobierno (nacional y sub-nacional), Ministerio Público, Policía, entre otros.

Los representantes de las comunidades inician gestiones para demandar o denunciar ante el Estado, no son escuchados, hay una desatención a las exigencias de la población, se crea incertidumbre. Todo lo anterior lleva inevitablemente a ejercer el derecho a protestar, teniendo como salida la paralización del transporte que circula por el Corredor Minero o vías de acceso a las actividades mineras.

Historia de represión

Desde el 2011 se registran eventos de protesta social que lamentablemente terminaron en represión policial. Como resultado hubo muertos, heridos graves y leves, afectaciones de toda índole y una determinada política del Estado por presión del privado para encarcelar a dirigentes, presidentes comunales o representantes sociales que cumplen su rol de defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Al final son sometidos al sistema de justicia (Policía, Fiscalía y Poder Judicial), obligándolos a declarar para auto incriminarse por hechos que no cometieron. Aquí no se respeta el debido proceso y mucho menos el acceso a una defensa legal adecuada.

Espinar y Chumbivilcas son escenarios de constantes discusiones sobre la actividad minera. Las organizaciones sociales encuentran como camino inmediato instalar una “Mesa de Diálogo” y allí debatir las diversas agendas. Los dirigentes saben que las mesas son para que el Gobierno y las empresas ganen tiempo para denunciarlos, estigmatizarlos y denigrar su dignidad humana.

Sin embargo, someter a investigación penal a personas por su condición de dirigentes es la forma de criminalización de derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la protesta social. Todo esto agudiza el conflicto y no se soluciona las demandas y denuncias de la población, mientras que la empresa encuentra seguridad y respaldo estatal.

Criminalización

La criminalización ha sido la única respuesta del Estado y de la empresa minera para evitar los cuestionamientos al impacto ambiental negativo en las comunidades que habitan alrededor de la actividad minera o para ocultar que constantemente incumplen con los acuerdos entre comunidad – empresa minera – Estado.

Esta forma de criminalización de derechos está relacionada con la acusación por parte de la Fiscalía y la empresa minera por delitos de secuestro, disturbios, daños, toma de carreteras, entorpecimiento de servicios públicos, tenencia ilegal de municiones o armas, asociación ilícita para delinquir y otros. Así, piden que sean encarcelados por hasta 35 años de pena privativa de la libertad y exigen a los dirigentes una reparación civil que supera los 5 millones de soles. Esto lo ha permitido el Estado por falta de participación y transparencia desde el inicio de la concesión y desde antes de la aprobación de los estudios de impacto ambiental.

El Estado vulnera de forma sistemática los derechos humanos, lo mismo que la empresa minera. Es decir, se afecta el derecho a la calidad de vida, a gozar de un medio ambiente sano, a la participación ciudadana, a la consulta y consentimiento, a la libertad de opinión y expresión. Asimismo, el derecho de reunión, de asociación, a la información y transparencia en materia ambiental, a la protesta, entre otros, que son continuamente vulnerados por el Estado y las mismas empresas.

Ante este contexto adverso para la población, que está obligada a convivir con la minería, el Gobierno debe desarrollar políticas públicas de protección y promoción de derechos humanos con un medio ambiente de calidad. Esas políticas deben también estar relacionadas a mejorar la organización del Estado, porque la actual no responde a proteger derechos de comunidades.

El punto más débil es la falta de información y transparencia a partir de los estudios de impacto ambiental. No es suficiente reproducir en copias que superan las 8 mil páginas del estudio de impacto ambiental, sino es necesario socializarlas y discutirlas en la comunidad afectada.

El gobierno municipal y regional necesitan tener un rol más activo dejando de lado la limitada satisfacción personal con la ejecución de proyectos de inversión por encima de los derechos que tienen los ciudadanos, ciudadanas, niños, niñas y adolescentes que habitan las comunidades afectadas. Debo subrayar que ser menor de edad no es sinónimo de inexistencia.

La Presidencia del Consejo de Ministros, el Organismo Especializado en Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) no deben mantener una desconexión de la realidad en los territorios mineros.

Frente a este panorama, es necesario cambiar las formas de diálogo y la relación beligerante de la empresa y el Estado en contra de la población afectada. Urge pasar a una relación de convivencia pacífica, previa, informada y transparente de los acuerdos, y de las formas de mitigación ambiental.






Fuente:
https://www.pulsoregional.pe/2020/12/10/criminalizacion-en-el-corredor-minero-del-sur/

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